El Gobierno no tiene interés en que esta ley sea fruto del acuerdo

«El aborto no puede ser un derecho porque es un disparate jurídico»

Carlos Vidal / Profesor titular de derecho constitucional de la UNED

Por Rocío Ruíz

15 de Octubre, Madrid-¿Qué opina de un proyecto de ley del aborto que no tiene el aval del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal?

-Revela la fractura social que ha generado y que dudosamente es inconstitucional. El informe del Consejo de Estado se ha intentado vender como favorable al proyecto de ley, pero si uno lo lee minuciosamente incluye muchísimas críticas y el Gobierno ha asumido algunas, pero otras no. En definitiva, nace con falta de apoyo social y jurídico y bastantes discrepancias. Lo que está claro es que el Gobierno no puede acabar imponiendo una norma con la que la sociedad no está de acuerdo.

-¿Es constitucional el aborto libre hasta las 14 semanas?

-Tal como figura en el proyecto, creo que no es constitucional porque, incluso en los países de Europa en los que hay aborto libre, se establecen unas garantías muy estrictas para asegurar que la mujer está tomando esa decisión en pleno uso de sus facultades y siendo consciente de que esa solución es la más extrema. No se puede establecer que hasta la semana doce o catorce el aborto es libre y dejarlo a la exclusiva voluntad de la mujer. Se puede decir, a lo mejor, que con una serie de requisitos muy excepcionales cabe la posibilidad de no imponer a la mujer que tenga que dar a luz a ese niño, pero debe ser consciente de que no es ella la que puede decidir libremente porque jurídicamente tiene que respetar la vida que lleva dentro y, si se le permite abortar, es porque excepcionalmente, y sólo en unas circunstancias muy concretas, es posible hacerlo.

-¿El proyecto de ley favorece a las clínicas abortistas?

-Está pensado para que puedan seguir moviendo dinero. No aporta más garantías jurídicas respecto a la anterior ley, que se había convertido en un coladero. La nueva norma puede tener aspectos de mayor rigor jurídico pero, si no controlas que se cumpla, ¿de qué va a servir la ley? Se pretende legalizar lo que hasta ahora era dudosamente legal porque el 92% de los abortos se están practicando en las primeras 14 semanas. Parece que el Gobierno se plantea: como no podíamos controlar el supuesto de la salud psíquica de la madre, vamos a decir que se puede abortar dentro de ese plazo. Y eso es dar más garantías al empresario abortista o facilitar que la mujer aborte sin limitaciones.

-¿El aborto puede ser considerado como un derecho?

-No. En ningún país de nuestro entorno lo es. Se entiende que puede haber algunas excepciones en las cuales no cabe exigir a la mujer una conducta diferente a la de poner fin a ese embarazo, pero para nada puede ser un derecho, es un disparate jurídico.

-¿Era el momento de regular el aborto? ¿Hay demanda social?

-No a la luz de las encuestas que estamos viendo. Se pensó en regularlo a raíz de los abusos de la ley vigente, lo que revela que no se estaba cumpliendo y ¿por qué no se tomaron medidas o se hicieron inspecciones? Esta ley forma parte de la estrategia del Gobierno de sacar una serie de normas que en el ámbito social pueden sembrar la polémica, la división y la discusión. Es una artimaña para desviar la atención de las cuestiones económicas o de otras que son más importantes o urgentes. No era necesario una nueva regulación, pero sí que se garantice el cumplimiento de la vigente.

 -¿Qué le parece que las jóvenes puedan abortar sin el consentimiento de sus padres ?

-Éste es otro de los elementos de la ley que nos aleja de Europa. Nos han querido vender la moto de que con esta regulación nos acercamos a los países de nuestro entorno, pero en ningún país de la UE es posible hacerlo sin informar a los padres. Es un disparate que una menor de edad tenga que pedir permiso a sus progenitores para operaciones mucho más simples y para un aborto no tenga que hacerlo. Si hay un conflicto entre la voluntad de unos padres y la de una menor, creo que sería necesaria la intervención de un juez que arbitre y que decida. No se puede dejar a los padres al margen, porque ¿qué pasa luego con las consecuencias médicas de esa intervención, que es otra de las cuestiones que se han obviado? ¿Quién reclama contra el hospital o el médico? Yo creo que son los padres y, entonces, ¿qué sentido tiene que queden al margen? Espero que el Parlamento lo subsane. Pero no es lo más grave de la ley, esto puede que sea un punto estratégico puesto por el Gobierno para dar la imagen de que se está cediendo en algo con el objetivo de mantener el resto.

-¿La objeción de conciencia es un derecho constitucional?

-Sí, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Ya lo dijo en una sentencia del año 85. El Consejo de Estado también aconseja que se haga referencia a la objeción de conciencia en la norma.

-¿Por qué cree que el Gobierno no ha cedido ni un ápice en la reforma, pese a la presión popular?

-Porque tiene la estrategia política de radicalizar su mensaje en algunas cuestiones sociales y así conseguir desviar la atención sobre otras. Esto constata que no le interesa el consenso y también se demostró en la forma de elegir el comité de expertos, todos favorables a lo que el Gobierno decía. El Gobierno no tenía interés en que esta ley fuera fruto del acuerdo. No ha sido buscado.